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de controlar sus fronteras y mantener la ley deberían ser reconocidos, pero

aplicados de manera justa y humana. La detención de inmigrantes debería

ser utilizada para proteger la seguridad pública y no con fines de disuasión o

castigo; debería ponerse énfasis en las alternativas a la detención, incluidos

programas de base comunitaria.

Como ha dicho el papa Francisco, la trata de personas es un “crimen

contra la humanidad” (Discurso, 12 de diciembre de 2013, y 10 de abril

de 2014) y debe ser erradicada de la tierra. Las víctimas de la trata, muy

especialmente los niños, deben recibir cuidado y protección, incluyendo

consideración especial para recibir un estatus legal y permanente. Se necesitan

más esfuerzos de educación y movilización para hacer frente a las causas

profundas de la trata de personas: la pobreza, el conflicto y la descomposición

de los procesos judiciales en los países de origen.

La educación católica

82. Los padres —los primeros y más importantes educadores— tienen

el

derecho fundamental a elegir la educación

que mejor responda a

las necesidades de sus hijos, incluidas las escuelas públicas, privadas y

religiosas. El gobierno, por medios tales como los créditos fiscales y becas

de fondos públicos, debería ayudar a proveer recursos para que los padres de

familia, especialmente aquellos con medios modestos, ejerzan este derecho

fundamental sin ser discriminados. Los estudiantes en todos los contextos

educacionales deberían disponer de oportunidades de formación moral y de

carácter coherentes con las creencias y las responsabilidades de sus padres.

83. Todas las personas tienen el derecho a recibir una

educación

de calidad.

Los jóvenes, incluidos los pobres y discapacitados, necesitan tener la

oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, espiritual y físicamente, que

les permitan convertirse en buenos ciudadanos que tomen decisiones social

y moralmente responsables. Esto requiere que los padres de familia tengan

diversas opciones en la educación. También requiere que las instituciones

educativas ofrezcan un ambiente ordenado, justo, respetuoso y sin violencia

donde haya disponibles recursos profesionales y materiales adecuados. La

USCCB apoya enérgicamente fondos adecuados, incluidos créditos fiscales,

becas y otros medios, para educar a todas las personas independientemente de

su condición personal o la escuela a la que asisten, sea esta pública, privada o

religiosa. Todos los maestros y administradores se merecen salarios y beneficios

que reflejen los principios de una justicia económica, así como acceso a los

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