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sido puesta explícitamente en cuestión en los más altos niveles de gobierno,
precisamente por sus enseñanzas sobre el matrimonio. Los católicos tienen el
deber particular de asegurarse de que protecciones como estas no se debiliten
sino que se hagan más fuertes. Esto no es sólo para asegurar la justa libertad de
la Iglesia y de los fieles en nuestro país, sino también para ofrecer esperanza y
un testimonio alentador a los que sufren persecución religiosa directa e incluso
violenta en los países donde la protección es mucho más débil.
La opción preferencial por los pobres y la justicia económica
73. Las decisiones e instituciones económicas deberían ser evaluadas según
hayan protegido o devaluado la dignidad de cada persona humana. Las
políticas sociales y económicas deberían promover la creación de
puestos de
trabajo para todos aquellos que puedan trabajar
, con condiciones laborales
decentes y
salarios justos
. Las barreras que no permiten salarios y puestos
de trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres y para quienes sufren
discriminación injusta deben ser erradicadas
. La doctrina social católica
apoya el
derecho de los trabajadores a elegir si quieren o no organizarse
,
pertenecer a un sindicato, negociar colectivamente y hacer uso de estos
derechos sin ser objeto de represalias. También afirma
la libertad económica,
la iniciativa y el derecho a la propiedad privada
. Los trabajadores, dueños,
empleadores y sindicatos tienen la correspondiente responsabilidad de
trabajar juntos para crear puestos de trabajo decentes, construir una economía
más justa y promover el bien común. También observamos con creciente
preocupación el aumento de “excesivas desigualdades económicas y sociales”,
como señala el
Catecismo de la Iglesia Católica
, y la contracción de la clase
media.
74. Apoyamos una legislación que proteja a los consumidores de las tasas
de interés excesivas y explotadoras cobradas por muchos prestamistas de día
de pago. “Si en la actividad económica y financiera la búsqueda de un justo
beneficio es aceptable, el recurso a la usura está moralmente condenado”
(
Compendio de la doctrina social de la Iglesia
, no. 341).
75. Las
políticas de bienestar social
deberían reducir la
pobreza
y la
dependencia, fortalecer la vida familiar y ayudar a las familias a salir de la
pobreza mediante puestos de trabajo, preparación laboral y ayuda con el
cuidado infantil, el cuidado médico, la vivienda y el transporte. Dado el